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Detenidas 20 personas por fraude a la Seguridad Social tras la denuncia de un empresario de Hinojosa

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  • Los datos obtenidos de la actividad de la empresa, empleados de los que disponía, así como periodo de actividad, permitieron centrar las investigaciones en el asesor de la misma
  • El desarrollo de la investigación permitió averiguar que el asesor supuestamente habría utilizado los datos de la empresa, para dar de alta a los trabajadores

  La Guardia Civil dentro del marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia  en relación con el Plan integral de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad social y la Hacienda Pública, ha procedido a la detención de 19 personas y a la investigación de otra, de edades comprendidas entre los 24 y 67 años, por la supuesta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad social, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, en el proceso de la operación “PEONÁ”, desarrollada en las localidades cordobesas de Hinojosa del Duque, Lucena, Córdoba y Barcelona , lugar este último donde se realizan tres detenciones.

Las investigaciones se iniciaron tras tenerse conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Hinojosa del Duque que un empresario de la localidad había recibido un expediente sancionador, por la cantidad de 120.000 euros, por la supuesta contratación de 18 personas para la recogida de aceitunas por parte de una empresa de su propiedad, empresa que tiene dada de baja, por lo que el mismo cree que ha podido ser víctima de una estafa.

Las primeras investigaciones permitieron comprobar que el denunciante figura como administrador de la empresa y que en la misma nunca figuraron trabajadores, salvo los supuestos 18 contratados, cuya contratación fue posterior a la baja de la misma y que ésta nunca ha tenido relación con la recogida de aceitunas, ya que su actividad se limitaba a la cría de ganado. .

El estudio de los contratos laborales de las 18 personas contratadas, permitió comprobar que las mismas tienen entre si un parentesco familiar o estrechos vínculos de amistad entre ellos, residiendo todos ellos en localidades de la zona sur de la provincia. Asimismo, se pudo comprobar igualmente que la mayoría de estos trabajadores ya habían tenido relación contractual con el asesor de la empresa, en otras empresas dedicadas a la recolección de frutos del campo, concretamente a la recolección de aceitunas.

El avance de la investigación unido a los datos obtenidos de la actividad de la empresa, empleados de los que disponía, así como periodo de actividad, permitieron centrar las investigaciones en el asesor de la misma, persona que fue la que procedió a dar de alta a los trabajadores, ya que poseía código REG, y utilizando este y el acceso a la empresa, había creado un entramado criminal, consistente en el alta de trabajadores en la seguridad social, con el fin de que estos juntasen días trabajados para  llegar a cobrar el subsidio agrario.

El desarrollo de la investigación permitió descubrir que el asesor habría utilizado para ello los datos de la empresa y el código Reg., para dar de alta a los trabajadores, llegando incluso en una ocasión a falsificar la firma física de uno de los administradores. Valiéndose para ello del enlace con otra persona de la localidad de Lucena, la cual le facilitaba los supuestos trabajadores, para que estos pudiesen sumar las jornadas laborales necesarias para el cobro, abonando los mismos una cantidad de dinero establecida para poder darse de alta, habiendo cobrado 7 de estos trabajadores la ayuda correspondiente, ascendiendo la misma a más de 20.000 euros.

Una vez finalizadas las investigaciones correspondientes se procedió a la detención de los componentes de la misma, realizando 16 detenciones y una investigación en la provincia de Córdoba, en las localidades de Lucena y Córdoba capital, así como tres detenciones en la localidad de Barcelona, ya que tres de los miembros de esta organización habían cambiado su domicilio, temporalmente a esa localidad.

 Durante el desarrollo de la operación, que ha durado más de seis meses, ha sido necesaria la colaboración de diferentes administraciones públicas como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Inspección provincial de trabajo y Seguridad Social, los cuales facilitaron a los agentes encargados de la investigación toda la documentación necesaria a fin del buen término de la investigación.

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