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El exalcalde de Pozoblanco y el exjefe de la Policía Local absueltos del delito de malversación y prevaricación

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La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Policía Local contra el que fuera alcalde de Pozoblanco, Pablo Carrillo y el exjefe de la Policía Local, Jose María Sanchez Aguado.

De esta manera se cierra el proceso judicial que la Policía Local de Pozoblanco ha mantenido contra el que fuera alcalde en la pasada legislatura, Pablo Carrillo y el que fuera jefe de la Policía Local, Jose María Aguado.  

La sentencia es definitiva y en ella se desestima el recurso de reforma y subsidiario de apelación que varios miembros de la Policía local interpusieron tras el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Pozoblanco el pasado mes de enero.

La denuncia trataba sobre un supuesto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación por el pago de determinados conceptos retributivos y en particular por la prestación de servicios extraordinarios sin que estuvieran debidamente justificados su realización, además de por no tramitar expedientes sancionadores de tráfico.

Los razonamientos jurídicos que expresan los Magistrados de la Audiencia Provincial son:

 

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PRIMERO.- Interponen los apelantes recurso contra el auto de archivo de las diligencias, que estima que no existen motivos bastantes como para continuar con la instrucción, aduciendo que la instrucción de la causa está incompleta al no haber practicado diligencias que se consideran imprescindibles para la averiguación de la verdad que sostiene, cual es que no se ha cotejado debidamente el resultado de determinados boletines de denuncia por infracciones contra la seguridad vial, de los cuales algunos no han sido localizados, ni se ha inquirido lo suficiente como para justificar el cobro indebido de algunos funcionarios del Ayuntamiento de Pozoblanco de determinados conceptos retributivos, y en particular por la prestación de servicios extraordinarios sin que que se hay justificado debidamente su realización. La Instructora considera que tras haber recibido declaración a los posibles implicados, y los testigos propuestos, y analizada la extensa documentación obrante en las actuaciones, y los informes presentados, principalmente el informe del Secretario del Ayuntamiento, no hay motivos bastantes para entender perpetrada la infracción denunciada, conforme al art. 641. 1 de la LECRIM, criterio sostenido igualmente por el Ministerio Fiscal, tanto en el informe presentado ante el Juzgado de Instrucción como en los escritos de impugnación de los recursos planteados.

SEGUNDO.- Como dispone el art. 777 LECRIM las diligencias previas están encaminadas a la averiguación de la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, sus posibles responsables y el órgano competente para el eventual enjuiciamiento, de forma tal que llegados a este resultado, el 779. 1 LECRIM establece que si el instructor considera no debidamente justificada la perpetración del delito acordará el archivo de las actuaciones.

De esa manera una vez que se han practicado las diligencias suficientes como para entender que no existen motivos bastantes para continuar con un proceso penal, el Juez instructor debe archivar la causa, no sometiendo a dicho proceso a una persona de manera innecesaria y sin que exista fundamento para ello con arreglo al contenido de lo ya instruido.

 

 

Y eso es lo que acaece en el presente caso en que no sólo de las manifestaciones de los supuestos investigados o implicados, y de los testigos deponentes, sino del extenso bagaje documental aportado a las actuaciones, se pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los boletines de denuncia por infracciones de tráfico fueron tramitados adecuadamente, dando justificación de los resultados de dichos expedientes- en particular los motivos por los que no concluyeron en sanción administrativa, sin que la irregularidad detectada en algunos de ellos sea causa suficiente como para considerar que se ha aplicado torcidamente el derecho y actuado las potestades administrativas atribuidas por el Ordenamiento de forma arbitraria- y de la ausencia de manipulación de algunos de ellos aplicando reducción de sanciones u otras, y que la atribución sostenida en la denuncia de que se procediera por quien fuere al abono injustificado de conceptos retributivos no ajustados a Derecho no resulta apoyada por dato objetivo alguno, sino que estaba basada en rumores y noticias de prensa no corroboradas adecuadamente, por lo que los hechos enunciados se han evidenciado inconsistentes y faltos de sustento probatorio, sin que el proceso penal pueda servir de cauce para solventar conflictos laborales ni políticos de ninguna especie.

Y todo ello sin perjuicio de que, al ser provisional el archivo, se puedan aportar, si es que se consiguen, nuevos elementos probatorios que puedan dotar a las diligencias de mayor consistencia y fiabilidad, en cuyo caso se procedería por la Juez Instructor a la reapertura del proceso penal incoado.

Pablo Carrillo que tuvo que vivir como alcalde situaciones bochornosas en las que no solo se humillaba al entonces alcalde, sino también al municipio de Pozoblanco con intensos ruidos producidos por la Policía Local con pitos y otros artilugios sonoros en lugares donde se concentraba un importante número de personalidades relevantes, como es el caso de la Feria Agroganadera, entre otras, ha visto con satisfacción como la denuncia interpuesta por la Policía Local ha sido archivada definitivamente. 

Situaciones parecidas que deslucían algunos de los eventos más importantes de Pozoblanco también tuvieron que soportar los exalcaldes Antonio Fernández, Benito García y Baldomero García.

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