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Concentración en Pozoblanco para que la Junta de Andalucía conceda la Prestación de Ayuda a Domicilio a las personas dependientes

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  • Los promotores denuncian en el manifiesto leído hoy en Pozoblanco que más de 308 plazas concertadas de centros para mayores están sin cubrir mientras que muchas personas tienen que optar por pagar una plaza privada siempre que la consigan, porque también en este ámbito hay lista de espera y las cuotas mensuales superan sus posibilidades económicas.

La nueva Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes (PCMyD) ha alertado esta tarde del “gravísimo problema” al que se enfrenta España y en particular la zona de la provincia de Córdoba debido al envejecimiento de la población, un fenómeno demográfico que supondrá que el porcentaje de personas en situación de dependencia crezca en los próximos años a niveles “insostenibles”. Esta plataforma, que se ha presentado hoy con una concentración reivindicativa y con la lectura de un manifiesto en Pozoblanco, tiene como objetivo concienciar, reivindicar y desarrollar acciones encaminadas a que se aceleren medidas urgentes para “hacer frente a un problema que ya está aquí y que se irá agravando exponencialmente en los próximos años”.

Las cifras expuestas en el manifiesto leído en la concentración de esta tarde son contundentes.  En España hay 1,2 millones de personas en situación de dependencia reconocida. En Andalucía existe una lista de espera de personas con derecho reconocido y sin prestación que asciende a 96.934 y otras 103.238 a la espera de una valoración. Más de una cuarta parte de los dependientes españoles no recibe ningún tipo de ayuda  pese a que buena parte de estos tienen reconocidas dependencias de grados II y III. Además, cuando se conceden, las ayudas se demoran hasta dos años en llegar, lo cual hace insostenible la situación de enfermos y familiares. “Es alarmante que unas 150.000 personas dependientes hayan fallecido sin recibir ninguna ayuda”.

En la concentración se ha instado a la Junta de Andalucía a cumplir sus compromisos. La plataforma denuncia en su manifiesto que las distintas delegaciones de la Junta “ignoran” a miles de dependientes en espera de ayuda y se excusan argumentando que los expedientes están en trámite, cuando en realidad se están vulnerando los plazos establecidos por la ley.

Un ejemplo de la “ineficacia” de la Administración autonómica que está gestionando este problema se muestra en Córdoba, donde  existen 308 plazas concertadas sin ocupar mientras muchos mayores tienen que optar por plazas privadas. Esto también es complicado porque también hay escasez de plazas privadas y la aportación mensual supera con creces los mil euros, algo que está muy por encima de las posibilidades económicas de la mayoría.

Los promotores de la plataforma reiteran que estamos ante un problema “muy grave”, pero también ante una oportunidad, ya que la dependencia es un nicho de generación de empleo muy importante en la rama de las profesiones sociosanitarias: enfermería, auxiliares de clínica, trabajadores sociales, entre otras. Las instituciones deberían valorar que con un mayor compromiso a la hora de abordar el fenómeno del envejecimiento de la población, se conseguiría que muchos de los profesionales que se tienen que ir fuera de España a buscar empleo y los que están en paro, tendrían un empleo.

 

El norte de la provincia, un caso paradigmático.

El norte de la provincia de Córdoba es un ejemplo de cómo la evolución de la pirámide de la población puede generar un grave problema social. La características de los pueblos de Los Pedroches, el Valle del Guadiato y Sierra Morena, con pocos habitantes y con una gran dispersión territorial, hacen que las repercusiones de la dependencia sean aún más graves. Los pueblos están envejeciendo y perdiendo población a la vez, lo que supone una tormenta perfecta para que en pocos años la situación sea mucho más complicada.

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA CIUDADANA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES

¡QUERER ES PODER!

¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esta concentración ciudadana de la comarca de Los Pedroches? Porque muchos de nuestros mayores y personas dependientes se encuentran en situación de necesidad, de emergencia social, tienen necesidades especiales y la denominada Ley de la Dependencia no les está facilitando la ayuda que necesitan y que les pertenece por derecho.

Según datos del XVII dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado anualmente por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales a 31 de diciembre de 2016, en España encontramos 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 pendientes de valoración. Es decir, que el 2,6% de la población necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De dicha población con dependencia reconocida, el 28,69% no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, a pesar de que 122.000 personas fueron diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III.

En los últimos cinco años, unas 150.000 personas dependientes con derecho a recibir alguna prestación han fallecido sin llegar a percibir esas ayudas que, por derecho, les pertenecían.

Resoluciones para las que, en determinadas cuestiones, la Ley de Dependencia establece un plazo de 6 a 9 meses como máximo, se demoran en la mayoría de los casos hasta más de 2 años. Esto significa que numerosas personas no cuentan con la prestación que necesitan con urgencia: ayuda en el domicilio, ayuda en unidad de estancia diurna o centro residencial, etc., lo cual hace que la situación de enfermos, familiares y cuidadores sea insostenible.

En Andalucía existe una lista de espera de personas con derecho reconocido  y sin prestación, y, por tanto, desatendidas por la Administración Pública, que asciende a 95.589 dependientes. El número entre quienes esperan a que se les valore y reconozcan sus derechos y aquellos que ya los tienen reconocidos, pero a los que no se les concede la ayuda (ayuda a domicilio u otro tipo de recurso), asciende a 190.762 personas; todas ellas sin respuesta, ignoradas por la Delegación Provincial en Córdoba y por la Junta de Andalucía. Ambas Administraciones argumentan que todos estos expedientes están en trámite, que hay muchos por delante y que es preciso esperar, saltándose así los plazos establecidos por la propia Ley.

Por otra parte, existen 308 plazas concertadas sin ocupar en la provincia de Córdoba, mientras que muchos de nuestros mayores con escasos recursos se ven obligados a pagar una plaza de carácter privado con un coste superior a 1.000 € (por lo general entre 1.200-1.500 €), cuando las pensiones que perciben son de 600-700 €. De esta manera, estas personas mayores, tras una vida de lucha, sacrificios y escasez, tienen que vivir la angustia de no saber cómo podrán pagar la plaza en la residencia, porque la concesión de una plaza concertada tarda largos meses y hasta años, mientras que en las residencias permanecen plazas concertadas sin ser adjudicadas durante meses. Prueba de ello son las 308 plazas concertadas sin ocupar mencionadas anteriormente.

En definitiva, a nuestros mayores y otras personas dependientes se les están negando sus derechos, se les ha silenciado y se les han dado largas desde hace años.

Muchos viven solos, se encuentran enfermos, necesitados de ayuda de terceras personas, y la Ley de Dependencia, considerada como uno de los pilares del Bienestar Social y a través de la cual deben ser ayudados como derecho universal, les ha desamparado, ignorado y negado la ayuda necesaria para que puedan permanecer en su entorno el mayor tiempo posible, teniendo una vida digna y unos niveles mínimos de atención.

Por eso estamos hoy aquí, por eso ha nacido esta plataforma que esperamos se extienda por otros muchos pueblos y ciudades. Estamos convencidos de que, a pesar de que no podamos arreglar el mundo, sí que podemos luchar para que esta injusta y penosa situación se corrija cuanto antes, es decir, en el plazo máximo de dos meses.


Fuente: datos del Inserso Andalucía 2017.

 Fuente: datos del Inserso Andalucía 2017.

Relación de plazas concertadas Junta de Andalucía 2015, según BOJA, Orden 26-2-2014 que modifica la Orden de 30 de agosto de 1996.  

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